Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, con casi cuatro millones de ciudadanos estadounidenses americanos, llamado por sus proponentes ¨Estado Libre Asociado¨ y en términos legales oficiales ¨Commonwealth of Puerto Rico¨. Como tal, el pasado 2 de noviembre Puerto Rico celebró también sus elecciones. Más de un mes después, seguimos sin conocer los resultados definitivos. 

Existen dos partidos que se han alternado tradicionalmente el poder en la isla: el PNP (Partido Nueva Progresía), favorable a que Puerto Rico se convierta en el estado número cincuenta y uno de los Estados Unidos; y el PPD (Partido Popular Democrático), que dice querer mantener el statu quo territorial para la isla. Hay un tercer partido, el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) que aspira a la independencia pero recibe escasos votos. Y hay, además, una periferia del independentismo de corte marxista leninista, que se hace llamar ¨independentismo no afiliado¨ porque no pertenece al PIP por razones dogmáticas y se hace llamar ¨sociedad civil¨.  

El 2 de noviembre la diferencia en las urnas entre el PPD y el PNP fue de apenas 3.880 votos a favor del primero, o sea dos décimas de por ciento del voto total. La polémica surgió con varios miles de papeletas que utilizaron el llamado ¨voto mixto¨ y que se contabilizaron como válidas la noche de las elecciones. Ellas son ahora el motivo de este debate legal al llevar una cruz marcada bajo la insignia del PIP, pero a favor de los candidatos del PDP para Gobernador y Comisionado Residente. La controversia legal tiene trasfondos ideológicos que no pueden perderse de vista.  

El PNP, que ganó facilmente y con toda justicia las cámaras legislativas y la mayoría de las alcaldías, ha reclamado un recuento de votos alegando que dichas papeletas son fraudulentas. A ese recuento se oponen el PPD y el PIP, así como la misma Comisión Estatal de Elecciones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que esos votos mixtos dobles eran válidos, pero al retener el Tribunal Federal la jurisdicción se ha generado un choque entre las dos instancias judiciales que ha llegado ya al sometimiento al Primer Circuito de Apelaciones de Boston.  

La situación es de inmensa gravedad y se recoge en las páginas del Wall Street Journal, en un recomendable editorial titulado ¨La Florida de Puerto Rico¨ (3-XII-2004). Allí se apuntan incontestables datos sobre el más que posible fraude electoral existente en esas papeletas, las mismas que darían el triunfo al PPD. El editorial detalla cómo muchas de esas papeletas con tres X incluían irregularidades, producto de un fraudulento uso de tinta en lugar de lápiz, lo que debería llevar a su anulación por ser confusas y fraudulentas y que acabarían dando la victoria electoral al PNP.  

Frente al escaso interés de la mayoría de los medios de comunicación en Europa y España, Puerto Rico está en peligro. Y lo está porque tanto el PPD como el PIP y sus líderes se oponen a respetar los tribunales de su país. Y en su condición legal de Estado Libre Asociado, Puerto Rico existe bajo las leyes que representa en la isla el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos. Los jueces federales en Puerto Rico son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado de los Estados Unidos. Sus antecedentes han sido revisados y sometidos a los más rigurosos juicios y a un cuidadoso proceso de confirmación. Tales jueces y leyes federales basan sus decisiones en la estricta legalidad, no en preferencias personales.

Por eso sorprende tanto, y asusta aún más, que los líderes del PPD hagan una llamada a la desobediencia de la ciudadanía ante la orden de un Juez federal. Al menoscabar el poder legislativo con el propósito de obtener la gobernación de Puerto Rico, el PPD (y a su sombra el PIP) quiebra todos los principios democráticos que alega defender. Como partido político, el PNP tiene todo el derecho, y hasta el deber, de pedir al tribunal federal que interprete los votos en disputa. Se lo debe a los 949.579 ciudadanos que lo apoyaron con votos válidos a favor de su candidato Pedro Rosselló. Y se lo debe, ahora más que nunca, por el progresivo deterioro de algunos sectores de la política puertorriqueña.  

El asalto a la democracia a través de los impedimentos a la legalidad por parte del PPD y del PIP radica en el intento de subestimar la credibilidad de los tribunales federales en Puerto Rico. Radica en lanzar alarmas falsas sobre la falta de jurisdicción y en poner en tela de juicio la integridad de un Juez federal. Son muchos ya los indicios de separatismo antiamericano que se perciben entre los líderes del PPD, animados por la izquierda procastrista y prochavista del PIP. 

Toda esta polémica manda un confuso mensaje a Estados Unidos y pone en juego la relación de Puerto Rico con el país que más lo ha apoyado y sustentado a lo largo de su historia. La inmensa mayoría de los puertorriqueños, incluso los votantes del PPD, están a favor de una relación estrecha entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero algunos líderes del PPD, en sus alianzas con el independentismo antiamericano del PIP, están ayudando a la causa del separatismo en Puerto Rico. El mismo independentismo que, elección tras elección, ha sido rechazado por el pueblo soberano puertorriqueño de forma sistemática e inequívoca. 

Estados Unidos seguirá siendo la primera potencia mundial con o sin Puerto Rico. Pero Puerto Rico no sabemos que será sin Estados Unidos. Por ello, los honestos ciudadanos puertorriqueños deberían mirar a su alrededor para comprobar la miseria de la moral política de países cercanos como Cuba o Venezuela. No es difícil sospechar que detrás de todo esto hay un proceso a altos niveles del PPD y del PIP de radicalización independentista y antiamericana ligada a un más amplio y perverso plan de dogmatización amparada por la izquierda marxista, tan opuesta siempre a los valores individuales de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.

 El odio a los Estados Unidos, del que no nos cansaremos nunca de escribir, está presente a nivel planetario y adopta diversas caras: desde el terrorrismo al antisemitismo; desde la corrupción en Naciones Unidas a la mentira como estrategia; desde el fraude electoral a la manipulación informativa; del insulto a la violencia. De eso saben bastante los colombianos, en constante amenaza bajo el terrorismo de las FARC. Lo supieron los nicaragüenses con el sandinismo. Lo saben también los españoles con el terrorismo independentista y con el terrorismo islámico del 11-M. Y lo siguen viviendo bajo un gobierno socialista y antiamericano que pacta con los separatismos y babea ante Castro y ante Chávez.