Desde la cómoda seguridad que otorga vivir a miles de kilómetros de España, con la tranquilidad de poder disfrutar de la legalidad vigente en una verdadera democracia liberal como la norteamericana, resulta muy fácil analizar desde aquí –con mayor perspectiva- la vida pública y política española. Al hilo de las recientes elecciones autonómicas vascas no es difícil percibir el paulatino deterioro de la democracia española. Porque desde el otro lado del Atlántico uno contempla el horizonte de la vida política española casi mudo, como queriendo negar una realidad que se le escapa a la inmensa mayoría del pueblo español: el fracaso de España, el ocaso de la libertad y el casi anuncio de otro gran desastre, acaso el mismo de aquella nefasta Guerra Civil iniciada ahora hace siete décadas. No hay en esto nada de tremendismo, nada de apocalíptico. Sí hay mucho de sentido común y de observación diaria del pulso ideológico y político de una España a la deriva con una clase política y un gobierno instalado en la fragmentación de España y en el incumplimiento permanente de la Constitución.

En diciembre de 1978, Don Juan Carlos I, Rey de España, informó al mundo que las Cortes españolas habían aprobado una Constitución, ratificada por el pueblo español. Advertía esa Constitución en su preámbulo que la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de sus integrantes, y en uso de su soberanía, proclamaba su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, de consolidar un Estado de Derecho que asegurase el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Dicha Constitución pretendía establecer una sociedad democrática avanzada sobre la base de España como unidad nacional y como eje para la convivencia. Las Cortes aprobaron y el pueblo español ratificó esa Constitución, cuyo artículo primero deja bien claro que España se constituye en un Estado democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es decir, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, cuya forma política es la Monarquía parlamentaria.

Desde entonces, ni el actual gobierno socialista (ni buena parte de los anteriores) ni la inmensa mayoría de la clase política española ha respetado el artículo primero de la Constitución. Se han confundido u obviado muchos de los otros artículos que conforman dicha Carta fundamental para la democracia española. Lo prueba el hecho mismo de que en España se hable con total normalidad de partidos “nacionalistas” y “constitucionalistas”, admitiéndose así que hay partidos al margen de los principios de la legalidad que supone el respeto y defensa de la Constitución Española. Lo muestra el hecho de que haya un poder judicial politizado, débil e idiotizado. Lo confirma el que los gobiernos –el de ayer y el de hoy- incumplan sentencias judiciales. Lo verifica el que hasta el actual Presidente del gobierno bromee llamando al Rey “republicano”. Lo vuelve a probar, en fin, el que un partido de terroristas haya podido presentarse a unas elecciones supuestamente democráticas con el apoyo del mismo poder judicial politizado y con el beneplácito del gobierno y de otros partidos que dicen defender la Constitución.

Tal es el fracaso de España, de su Constitución y también de un Rey que debiera recordar su juramento a esa Constitución, y su artículo 61, por donde está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes; un artículo por el que está obligado también a velar porque se respeten los derechos de los ciudadanos de España y de sus Comunidades Autónomas, que son parte de España según la Constitución. Pero tal es el fracaso producido también por la dejadez de buena parte de la ciudadanía, la que olvida o ignora el artículo 30 por el que todos los españoles tienen el derecho y –más importante aún- el deber de defender a España. Por eso escribimos, aunque sea desde una atalaya fácil y cómoda. Pero lo hacemos porque amamos un país que tuvimos que dejar. Lo hacemos porque uno todavía no está ciego para observar desde aquí el continuo ninguneo a la Constitución, la farsa de la política española y el insistente acoso a la democracia liberal y al Estado de Derecho: ahí radica la antesala de una chispa que nos puede devolver a un pasado nefasto. Tal es, en fin, el fracaso de España. Nada quisiéramos más que estar equivocados.